En México no existe una legislación que exija la inspección físico-mecánica de vehículos, tampoco una que obligue a las automotrices a garantizar todas las medidas de seguridad que demanda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
Los hechos viales son la primera causa mundial de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años; provocan el fallecimiento de alrededor de mil 25 millones de personas al año y son uno de los principales factores que originan alguna discapacidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En México cada año ocurren cuatro millones de percances viales en calles y carreteras y más de 750 mil personas son hospitalizadas; diversos organismos apuntan que entre las primeras causas de la pérdida de control de un vehículo están: conducir bajo efectos de estupefacientes, alta velocidad y fallas mecánicas.
Al respecto, la OMS señala que “sólo un 7% de la población mundial está cubierto por leyes integrales de seguridad vial, aunque se han promulgado nuevas normas en esta área en 35 países. Está demostrado que la adopción y observancia de leyes integrales sobre los factores de riesgo fundamentales ha reducido las lesiones causadas por el tránsito”.
Por lo anterior, es necesario destacar la urgencia que tiene México en impulsar políticas que aporten las herramientas necesarias para garantizar mayor seguridad vial y con ese objetivo se llevó a cabo el Primer Seminario Internacional de Inspección Vehicular Físico-Mecánica donde empresarios, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios pusieron sobre la mesa de debate los retos y oportunidades que tienen diversos sectores en este sentido.